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Seguridad de los ingresos en caso de vejez, invalidez y muerte del sostén de la familia

Puesto al día por Anne Drouin , Krzysztof Hagemejer , Tharcisse Nkanagu , John Woodall en 24.09.2012

El mensaje importante sobre políticas presente en las normas de seguridad social de la OIT es que la seguridad social debería considerarse como un conjunto completo y coherente de políticas complementarias y medidas que garantizan la seguridad de los ingresos y el acceso asequible a la atención médica. Así, para ajustarse a las normas internacionales del trabajo, las políticas nacionales deberían constituir un conjunto básico de disposiciones y luego "a medida que avanza el desarrollo económico y social "ampliar progresivamente la cobertura y aumentar los niveles de protección. Las pensiones de seguridad social, diseñadas para proporcionar la seguridad de ingresos en caso de vejez, invalidez o muerte del sostén de la familia, son una parte inseparable de ese paquete mínimo de seguridad social.

El Convenio núm. 102 de la OIT, en sus partes V, IX y X, y el Convenio núm. 128 de la OIT especifican los derechos a las prestaciones de la seguridad social en caso de jubilación (prestación de vejez), en caso de invalidez (prestación de invalidez) y en caso de muerte del sostén de la familia (prestación de sobrevivientes). En casos relacionados con accidentes, lesiones o enfermedades profesionales, algunos tipos específicos de prestaciones de invalidez y sobrevivientes son también necesarios tal y como se prevé en la parte VI del Convenio núm. 102 y núm. 121.

 

Derecho a una jubilación asequible

Ambos Convenios, 102 y 128, estipulan que las prestaciones de vejez se deben pagar en forma de rentas vitalicias ("pagos periódicos" concedidos "durante todo el transcurso de la contingencia") a las personas que alcancen la edad prescrita por la legislación nacional. En general, esta edad no debe ser superior a los 65 años; sin embargo, los convenios permiten establecer una edad de jubilación superior en casos justificados. Si la edad de jubilación se fija à más de 65 años, se debe tener "en cuenta la capacidad de trabajo de las personas de edad avanzada" (Convenio núm. 102) y "criterios demográficos, económicos y sociales apropiados, justificados por datos estadísticos" (Convenio núm. 128).

Al mismo tiempo, el Convenio núm. 128 dice que "Si la edad prescrita fuera igual o superior a sesenta y cinco años, esa edad deberá ser reducida, en las condiciones prescritas, para las personas que hayan estado trabajando en labores consideradas por la legislación como penosas o insalubres a los efectos de la prestación de vejez".

 

Derecho a la seguridad de los ingresos en caso de muerte del sostén de la familia
e invalidez

Los Convenios núm. 102 y 128 estipulan que una prestación de sobrevivientes debe ser atribuida en caso de "la pérdida de medios de existencia como consecuencia de la muerte del sostén de familia" y de incapacidad de subvenir a sus propias necesidades.

  • Las prestaciones de invalidez se pagan en caso de "ineptitud para ejercer una actividad profesional, en un grado prescrito, cuando sea probable que esta ineptitud será permanente o cuando la misma subsista después de cesar las prestaciones monetarias de enfermedad".
  • Las prestaciones de invalidez y sobrevivientes deben también pagarse en pagos periódicos "durante todo el transcurso de la contingencia" (o, en el caso de una prestación de invalidez, "hasta que sean sustituidas por una prestación de vejez").

 

Niveles mínimos de prestaciones

Los convenios dan una amplia libertad de elección en cuanto a los mecanismos (o la combinación de mecanismos) de pago de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes: prestaciones basadas en los ingresos o de tasa fija, contributivas o no contributivas, condicionadas o no a la comprobación de recursos; lo importante es el resultado en términos de niveles de prestaciones.
 

Si la seguridad de los ingresos básicos se debe proporcionar principalmente a través de las prestaciones basadas en los ingresos; la tasa de sustitución mínima se debe garantizar por lo menos para aquellas personas con ingresos inferiores a los niveles prevalecientes, típicos o medios.

  • Para la pensión de vejez basada en los ingresos de este tipo de beneficiarios de ingresos bajos, el Convenio 102 requiere que la tasa de sustitución mínima sea de al menos el 40% de los ingresos después de 30 años de cotizaciones (suponiendo que el régimen sea contributivo).
  • La pensión de sobrevivientes basada en los ingresos tampoco debe ser inferior al 40%, ni la pensión de invalidez inferior al 45% de los ingresos anteriores del beneficiario.
  • Si las pensiones de invalidez y sobrevivientes son contributivas, el monto total debe ser pagado por lo menos a aquellos que cuentan con 15 años de cotizaciones. Las pensiones reducidas se deben acordar a las personas con períodos de cotizaciones más cortos.
  • Si las pensiones se pagan sobre la base de una tasa fija, la suma no debe ser inferior al 40% (45% en el caso de las pensiones de invalidez) de los niveles prevalecientes de los ingresos de los trabajadores manuales no cualificados.
  • Esto también se aplica a las pensiones concedidas como prestaciones condicionadas a la comprobación de recursos, pero el nivel de tales prestaciones debe también cumplir con otro criterio: "deberá ser suficiente para asegurar a la familia condiciones de vida sanas y convenientes".
  • La suma de todos los tipos de prestaciones concedidas inicialmente a los beneficiarios deben ser revisadas periódicamente y ajustadas adecuadamente a raíz de cualquier "cambio sustancial" en el nivel general de ingresos o del coste de vida.

 

Normas mínimas en materia de gobernanza y financiación

Si bien existe una amplia variedad de medidas políticas que podrían adoptarse para conceder las pensiones, estas medidas deberían sin embargo cumplir con ciertas normas relativas a la gobernanza de los regímenes de pensiones de la seguridad social y su financiación:

  • El derecho a las prestaciones debe estar claramente especificado en la legislación y "todo socilitante tendrá derecho a apelar en caso de que se le niegue la prestación o se la discuta su calidad o cantidad";
  • No debe haber discriminación y debe haber igualdad de trato, incluso para los migrantes: "los residentes no nacionales deberán tener los mismos derechos que los residentes nacionales";
  • Los gobiernos asumirán la responsabilidad general de la buena administración de las instituciones y los servicios concernidos;
  • Cuando la administración no esté encomendada a una institución reglamentada por las autoridades públicas o a un departamento gubernamental responsable ante un parlamento, los representantes de las personas protegidas deberán participar en la administración o ser al menos consultados; la legislación nacional podrá prever asimismo la participación de representantes de los empleadores y de las autoridades públicas;
  • Los gobiernos tienen una responsabilidad general para brindar prestaciones adecuadas y adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la sostenibilidad financiera;
  • El coste global de las prestaciones brindadas y los gastos administrativos deberán ser financiados colectivamente mediante las cotizaciones o los impuestos, o ambos a la vez, a fin de evitar que las personas de recursos económicos modestos tengan que soportar una carga demasiado onerosa;
  • El total de las cotizaciones de seguro a cargo de los asalariados protegidos no deberá exceder el 50% del total de los gastos de la provisión de las prestaciones (incluidas todas las prestaciones de seguridad social brindadas).

 


Recursos clave

  • Pensiones de seguridad social
  • Entrevista con John Woodall sobre la transformación de los fondos de previsión en regímenes de prestaciones definidas en la India, Sri Lanka y Nepal
  • Helpage international | Pension watch | Más
  • ILO/INFORM página temática sobre discapacidad | Más

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