La seguridad social es un derecho humano y está consagrado como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), y en otros instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas de derechos humanos.

El logro de la seguridad social para todos es un aspecto central de la Constitución de la OIT y de su mandato. La Declaración de Filadelfia (1944), que es parte integrante de la Constitución de la OIT, reconoce que la extensión de la seguridad social en todo el mundo es uno de los objetivos principales de la organización. Más precisamente, reconoce la obligación solemne de la OIT de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que permitan, entre otras cosas, «extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes lo necesiten y prestar asistencia médica completa», así como «proteger a la infancia y a la maternidad provision for child welfare and maternity protection

A ese fin, la OIT ha adoptado convenios y recomendaciones sobre seguridad social que constituyen obligaciones y guías para los Estados. Estas normas internacionales han contribuido enormemente al desarrollo de la legislación internacional de la seguridad social y a la definición del derecho humano a la seguridad social.

La OIT promueve un enfoque de la seguridad social basado en los derechos, con las normas de la OIT como su principal medio de acción para ayudar a los Estados Miembros en la realización de este derecho:

La OIT también adopta iniciativas adicionales de apoyo a los esfuerzos internacionales que se dirigen al logro de la seguridad social para todos:

• En 2003 lanzó la Campaña Mundial sobre Seguridad Social y Cobertura para Todos, reflejando un consenso mundial de parte de los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y de empleadores para ampliar la cobertura de la seguridad social a los trabajadores, en particular de la economía informal, y sensibilizar acerca del papel de la seguridad social en el desarrollo social y económico. La campaña también busca desarrollar una amplia asociación que incluya organizaciones internacionales, países donadores, instituciones de seguridad social y organizaciones de la sociedad civil.
• En 2008, la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa estableció un nueva base a partir de la cual la OIT puede apoyar eficazmente los esfuerzos de los Estados Miembros para fomentar y lograr progreso y justicia social a través de los cuatro objetivos estratégicos de la Agenda de Trabajo Decente de la OIT: la promoción de los derechos fundamentales, la creación de empleo, la protección social y el diálogo social.
• En 2009. en respuesta a la crisis, la OIT diseñó un marco de referencia para guiar las políticas nacionales e internacionales orientadas al estímulo de la recuperación económica, la generación de empleo y la extensión de la protección social a todos. El Pacto Mundial para el Empleo apela explícitamente a los gobiernos para que tengan en consideración la construcción de «una protección social adecuada para todos, sustentada en un régimen básico de protección social («piso social») que incluya el acceso a la atención sanitaria, la seguridad del ingreso para los ancianos y las personas con discapacidad, las prestaciones por hijos a cargo y la seguridad del ingreso combinada con sistemas públicos de garantía del empleo para los desempleados y los trabajadores pobres.»
• En 2011, la Discusión Recurrente sobre el Objetivo Estratégico de la Protección Social (seguridad social) durante la 100.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo llegó a conclusiones contundentes respecto a la extensión de la seguridad social para todos por medio de pisos de protección social nacionales.
• En junio de 2012, la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) adoptó la Recomendación relativa a los pisos nacionales de protección social, 2012 (núm. 202). Esta Recomendación proporciona orientaciones para garantizar que todos los miembros de la sociedad beneficien al menos de un nivel básico de seguridad social a lo largo del ciclo de vida.

La Iniciativa del Piso de Protección Social, lanzada en 2009, también tiene su anclaje en un marco basado en derechos. Su concepto se basa en los principios comunes de justicia social y refleja la apelación de la Declaración de Derechos Humanos por niveles adecuados de vida, acceso a la salud, educación, alimentación, vivienda y seguridad social. Además, el Piso posibilita la concreta realización de los derechos humanos. Resultados de estudios de la OIT muestran que un piso de protección social está al alcance de prácticamente todos los países y que constituiría una herramienta eficaz en la lucha contra la pobreza y en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.