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El Impacto de la ley 100 en Colombia
Al cumplirse tres lustros de la aprobación de la Ley 100 de 1993 vale la pena tratar de estimar cuál ha sido el impacto de la misma en la vida y la salud del pueblo colombiano.
Los detractores consideran que la norma dio paso al capitalismo salvaje en la salud, creando grandes empresas intermediarias, ahogando a muchos hospitales públicos, mermando las condiciones de salud, languideciendo a la salud pública y arruinando a los médicos. Algunas de las quejas pueden tener cierto grado de validez pero en general son apasionadas y carecen de objetividad y de evidencia científica. Un análisis sereno y objetivo arroja resultados positivos sin que puedan ocultarse algunas fallas. La Ley 100 es producto de dos fenómenos políticos y jurídicos un poco contradictorios como fueron la Constitución de 1991 y la apertura de los mercados con claras tendencias hacia la privatización de muchos servicios.
Las cifras muestran que durante los últimos 15 años el estado de salud de la población es cada vez mejor, lo cual no es atribuible exclusivamente al aseguramiento sino a múltiples factores; sería injusto desconocer que hoy cerca de 35 millones de personas tienen seguro de salud y que más de 40 millones acceden a los servicios ya por pertenecer a uno de los dos regímenes, por ser vinculados o estar amparados en un régimen especial; no cabe duda de que ha mejorado la equidad y así lo demostró el Informe Mundial de Salud cuando posicionó a Colombia en el primer puesto en este aspecto; hoy tenemos más de 40 aseguradoras compitiendo entre sí sometidas a toda clase de reglamentaciones y controles, más de 15.000 IPS, de las cuales cerca de mil son hospitales y clínicas inscritas y certificadas y cerca de medio millón de personas trabajan dentro del sistema, entre los cuales se destacan unos 40.000 médicos entre generales y especializados.
En términos económicos, el sector de la salud ocupa uno de los primeros renglones pues maneja más de 20 billones de pesos al año. En los medios académicos mundiales y entre los expertos internacionales se considera al sistema sanitario de Colombia como uno de los más avanzados y eficaces en el contexto mundial, aunque se reconoce que tiene falencias y que no todo es perfecto.
El desmonte del SGSSS como algunos lo han sugerido sería una insensatez imperdonable porque regresaríamos al pasado con todas las fallas que teníamos cuando se aprobó la Ley 100. Es necesario mejorar, actualizarse permanentemente, corregir fallas y anomalías, buscar la mayor productividad y efectividad, alcanzar la garantía de calidad, llegar con una amplia cobertura de beneficios a toda la población, independientemente de las condiciones económicas de los usuarios, agilizar los pagos, evitar los delitos contra el patrimonio de la seguridad social , controlar y vigilar toda la operación, y todo ello es posible sin nuevas leyes y con muy poca reglamentación.
Es posible que la sentencia T 760 del presente año obligue a las partes a reflexionar y adecuar los recursos a una mayor atención en las mejores condiciones; todo ello requiere voluntad y algo de mano dura por parte del gobierno frente a los diferentes actores.
Artículo de: La República