Summary

Este informe contiene un análisis detallado de las disposiciones del sistema de seguridad social de Perú frente a las disposiciones del Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102).

Teniendo en cuenta que el Perú es uno de los Estados signatarios del Convenio núm. 102 desde el 23 de agosto de 1961, y que ha aceptado cinco de sus nueve ramas, a saber: asistencia médica (Parte II), prestaciones de enfermedad (Parte III), prestaciones de vejez (Parte V) y prestaciones de invalidez (Parte IX), el presente informe tiene dos objetivos.

En primer lugar, realizar un análisis jurídico detallado de la legislación nacional vigente frente a los requisitos jurídicos y paramétricos aplicables a las partes del Convenio no ratificadas y que son cubiertas en la legislación y práctica nacional, esto es: Parte VI sobre las prestaciones en caso de accidente del trabajo, Parte VII acerca de las prestaciones familiares y Parte X sobre las prestaciones de sobrevivientes, para determinar si el país estaría en condiciones de ampliar el alcance de la ratificación. Respecto a la Parte IV correspondiente a las prestaciones de desempleo es importante precisar que la legislación nacional en vigor no prevé esta contingencia. Sin embargo, dado que existen algunas iniciativas en el Congreso de la República que proponen la creación de un seguro de desempleo (Proyecto de Ley N° 05510/2022-CR),  este informe analiza sus disposiciones principales y las presenta como un anexo. 

En segundo lugar, dado que al momento de la ratificación del Convenio, el Gobierno se acogió a las cláusulas de flexibilidad relativas a la cobertura efectiva de la asistencia médica y las prestaciones económicas de enfermedad, vejez, maternidad e invalidez (artículos 9, d); 15, d); 27, d); 48, c) y 55, d)) y aquellas relativas a la duración de la asistencia médica y las prestaciones de enfermedad (artículos 12, 2) y 18, 2), el informe analiza la normativa y práctica nacionales para establecer si todavía subsisten las razones por las cuales el Perú se acogió a dichas excepciones temporales y si el Gobierno pudiese considerar renunciar a ellas.