Lecciones aprendidas

1) La definición de una base legal y el apoyo político de alto nivel sostenido en el tiempo, a favor de la protección social, son elementos determinantes para dar continuidad a los programas sociales, uniformizar procedimientos y reglamentos, fomentar la legitimidad de un cambio en las prácticas institucionales y alcanzar la efectividad de la coordinación a nivel político (horizontal y vertical) y de la gestión

Las cuestiones de la coordinación institucional están estrechamente ligadas con aquellas relacionadas con los diferentes tipos de prestaciones. La Recomendación n° 202 pone al centro del debate las cuestiones de la coordinación entre prestaciones no contributivas y contributivas. La articulación de estos dos tipos de prestaciones es imprescindible, especialmente, para asegurar los derechos de los trabajadores en el mundo y fortalecer progresivamente el nivel de las prestaciones. El rol de los pisos de protección social es, por ende, fundamental para alcanzar sistemas integrales de protección social.

2) La coordinación institucional a nivel político, debería comprender un eje horizontal y un eje vertical:

• La coordinación horizontal o intersectorial es realiza a nivel central del gobierno entre los ministerios e instituciones responsables de la protección social y de su financiamiento. En un contexto de fragmentación, la existencia de espacios orgánicos de intercambio, que sirvan para establecer los lineamientos de las políticas de protección social y sus respectivos presupuestos, es fundamental. El Gabinete Social de Ministros en Uruguay y el CNCPS en Argentina, pueden ser tomados como ejemplo.
• La coordinación vertical entre los diferentes niveles del gobierno (federal, nacional, regional, municipal) tiene por objeto asegurar la coherencia en la aplicación de las políticas y en la atención a los beneficiarios. En los casos de Argentina (con la AUH) y Chile (con el CHS), los convenios de colaboración existentes entre las instituciones de protección social y los municipios para la ejecución de los programas de manera gradual y los mecanismos de retroalimentación provenientes de aquellas entidades que tienen contacto regular con los beneficiarios, pueden ser tomados como ejemplo.

3) La coordinación a nivel político debería traducirse en prácticas de gestión coherentes y coordinadas. La coordinación en materia de gestión se revela como un elemento clave para alcanzar una efectiva ejecución y seguimiento de los regímenes y programas de protección social (evitando la duplicidad de los mismos) y lograr una «gestión financiera y [una] administración sanas, responsables y transparentes» (Rec.202, artículo 1). En los 5 países se ha destacado:

• El establecimiento de criterios comunes de identificación de la población meta, como por ejemplo la definición nacional de pobreza y de vulnerabilidad basados sobre criterios comunes, muestra un primer paso hacia la creación de bases de datos de identificación compartidos entre las instituciones y niveles del gobierno responsables de los programas sociales. Este tipo de mecanismos facilitan el desarrollo de una estrategia de "búsqueda activa" de los beneficiarios potenciales (como la que existe en Brasil y Chile) para lograr una mayor cobertura y una mejor visibilidad de la población meta.
• El intercambio de datos entre las instituciones encargadas de los programas de protección social se destaca como un elemento clave para mejorar el servicio al beneficiario y los mecanismos de seguimiento y control además de permitir una transición paulatina de los beneficiarios de unos programas de protección social a otros, a lo largo del ciclo de vida.
• El establecimiento de una red institucional de cobertura nacional, con puntos locales o “ventanillas únicas” como puerta de entrada de los beneficiarios a las prestaciones sociales se destaca como una buena práctica para orientar a las personas más alejadas del contexto institucional hacia los programas sociales más adecuados. El concepto de "ventanilla única" puede, también, ser utilizado en el marco de otras políticas sociales (salud, educación, desarrollo agrario, seguridad alimentaria, etc.). Las redes institucionales, tales como CRAS y CREAS en Brasil y/o los apoyos psicosociales a domicilio (UIF) en Chile, pueden ser tomadas como ejemplo.