Uruguay
“Crear instituciones no es crear institucionalidad, el caso del INEFOP y la necesidad de crear un Sistema Nacional de Seguridad Social”
Prof. Lic. Nelson Simatovich
Resumen:
Es imposible describir la superposición de esfuerzos, recursos y fracasos a los cuales se llega, cuando se fragmenta absolutamente todas las partes de un espacio institucional el cual debe ser sistémico para garantizar su funcionamiento y perfeccionamiento.
Una dificultad del Uruguay es lograr esto, sucede en la Educación en donde es imposible lograr crear un Sistema Nacional de Educación, entonces subsisten viejas estructuras perimidas, que además se reproducen creándose nuevas apéndices de estas y así nuevas instituciones satelitales a las mismas, pero no se logra entender que deben converger y no alejarse. Si hacemos un intento por tratar de pensar por trayectos como debemos caminar hasta llegar al Derecho de la Seguridad Social como un sistema integral, podemos comenzar por el Derecho a la Educación donde tenemos un Ministerio de Educación y Cultura que en lugar de rector de las políticas públicas en materia de educación es un gestor más de esta, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que está integrado a su vez por varios viejos y nuevos órganos desconcentrados como ser el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), el Consejo de Educación Secundaria (CES), el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) y el Consejo de Formación Docente (CFD) –una ex dirección transformada en consejo desconcentrado-, a diferencia de la Ex Comisión Nacional de Educación Física que tiene un formato de funcionamiento idéntico a un consejo de la ANEP en su estructura funcional y educativa pero que jamás fue adscripto a la ANEP y se le transformo en una Secretaria de Estado que depende de la órbita de la Presidencia de la República, el novel Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), el Centro para la Inclusión de las Tecnologías en la Educación y la Sociedad (CITES) conocido como Plan Ceibal, la Universidad de la República (UdelaR) en la cual se invirtió mucho para su descentralización al interior del país pero luego se superpuso y se creó la Universidad Tecnológica (UTEC) diseñada en particular para atender la demanda estudiantil del interior del país, y no debemos olvidar el Consejo de Capacitación Profesional (COCAP). Todo lo cual genera un gran vacío en especial por la ausencia de un Plan Nacional de Orientación Vocacional – Ocupacional como existe en países desarrollados.
De esta misma forma analizaremos el mundo de la formación profesional para el mundo del trabajo y siguiendo con esta desconstrucción del problema de la fragmentación institucional y como tema central de la publicación en la cual se insertara este artículo lo expondremos en la Seguridad Social.
En la actualidad en el Uruguay un informe presentado a finales de 2015 por el Banco Mundial demuestra que uno de los grandes problemas del país son los denominados “NINI” (ni trabaja, ni estudia), esta terrible sigla ya nos indica lo problemático del presente en referencia al fracaso del modelo país, las dificultades de inclusión social, el crecimiento de la brecha económica entre los jóvenes, los grandes flagelos como ser la adicción a estupefacientes y los riesgos de ingresar en el mundo de la delincuencia derivado de un óseo desmedido dentro de un consumismo exacerbado, ya que la inseguridad dejo de ser una sensación térmica para convertirse en el tema más preocupante de la sociedad Uruguay, así lo demuestran todos los estudios de opinión pública. Si no logramos que nuestros jóvenes sean orientados en cuanto a su vocación para que puedan elegir con entusiasmo que estudiar y poder cursar un oficio u carrera que los motive a no abandonarla, a su vez que esto les permita lograr herramientas para generar competencias básicas y calificaciones profesionales que les potencie su capacidad de empleabilidad y por lo tanto de inserción en el mercado de trabajo, para así lograr una plena integración social y anqué suene economicista por demás contribuir a financiar un régimen de seguridad social que agoniza de forma escandalosa, si no podemos con nada de esto, es claro que estamos condenados al fracaso absoluto como sociedad, ya que tenemos un desequilibrio muy importante en el financiamiento de la Seguridad Social, se gasta más en trabajadores en situación de pasivos, que lo que se recauda de los trabajadores en situación de activos, es decir se paga más de lo que se aporta por el mismo concepto en el mundo de la seguridad social, ya que los impuestos al trabajo como el exagerado Impuesto Renta de las Personas Físicas (IRPF) que va a rentas generales y no a la Seguridad Social. Por supuesto que la Seguridad Social es un Derecho Humano Fundamental recogido en nuestra Constitución en los Artículos Números 72 y 332, en virtud de todos los acuerdos, tratados y convenios internacionales de trabajo suscritos y ratificados por Uruguay, entre ellos se ha ratificado hace muy poco el CIT 102.
Otro gran problema del Uruguay la incapacidad de lograr generar un Sistema Nacional de Seguridad Social, se han impulsado instancias como el Dialogo Nacional sobre Seguridad Social y al igual que en otras instancias similares sobre otras temáticas fundamentales como la educación y el empleo, estas propuestas son desatendidas e ignoradas por el temor que genera en nuestra clase gobernante perder chacras de poder, compartir información, desprenderse de privilegios, en Uruguay, al día de hoy coexistente el Banco de Previsión Social (BPS), la Caja Militar, la Caja Policial, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB), la Caja Notarial de Seguridad Social (CNSS), la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios del Uruguay (CJPPU), las Administradoras de Fondos de Ahorros Previsional (AFAPs) y las Aseguradoras que pagan las rentas de estas, ya que existe para parte de la población el sistema mixto (sistema de solidaridad intergeneracional y sistema de capitalización individual), además de otros organismos como el Fondo de Cesantía y Retiro de la Construcción, Fondo de Solidaridad, y otros órganos que participan en la asignación de pensiones como ser el Ministerio de Desarrollo Social (pensiones de asistencia a la vejez) y el Ministerio de Educación y Cultura (pensiones graciables). Con lo cual hay ciudadanos que perciben hasta cuatro pasividades, ya que son compatibles entre distintos organismos y otros ciudadanos ninguna aunque igual pagan por ellas, ya que ocho puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se vuelca de rentas generales al BPS, además existen mecanismos encubiertos de financiar otras cajas como por ejemplo en Uruguay casi todo tramite ante la administración pública implica la presentación de una declaración jurada, que a pesar de presentarse ante un funcionario público que en pocas ocasiones es profesional universitario, esta debe estar acompañada de un costoso timbre que contribuye directamente al financiamiento de la CJPPU, y así podríamos citar otros ejemplos. El problema consiste en que sin empleos no puede existir sistema de seguridad social real alguno.
El presente artículo procura describir los diversos programas de formación profesional implementados desde distintos ámbitos en el Uruguay, incluyendo cambios legislativos muy profundos, que no lograron por falta de políticas públicas en la temática, crear un Sistema Nacional de Empleo y Formación Profesional, lo cual entendemos que debería haber sido el objetivo central en este tema. Además aún no se ha comprendido en nuestro país, que crear instituciones que replican su actividad y se superponen entre sí, en lugar de contribuir a crear institucionalidad, lo que generan es todo lo contrario. No basta con incrementar los recursos humanos y financieros para atender un tema puntual, sino saber cual es el objetivo general y especifico de este gasto y tener nociones claras de cómo se pretende gestionarlos, para lograr una ejecución que resulte positiva para los beneficiarios, procurando su permanente seguimiento y evaluación por resultado y no por producto que es la forma de monitorear en Uruguay. La metodología empleada es en base a nuestro propio conocimiento técnico como expertos en la temática tanto a nivel gubernamental como internacional, y conociendo la realidad de diversos países de varios continentes, realizaremos una introducción contextualizando el tema, dado que nuestro objetivo general es presentar abordándolo desde una perspectiva técnica cosa poco común en nuestro país, describir los planes y acciones que se vienen aplicando en nuestro país, incorporar algunos criterios técnicos que son objeto de estudio por parte de expertos internacionales y organismos de cooperación científica desde hace varias décadas y nuestro objetivo especifico es recomendar en nuestras consideraciones finales algunos elementos que creemos podrían contribuir a construir un nuevo camino mas productivo en esta temática comprendiendo que formación profesional es la sintaxis de un binomio indivisible que es la “educación y trabajo”.
Introducción:
La actual crisis internacional ha provocado impactos negativos en los niveles de empleo en casi todos los países del mundo, a tal punto que vale la pena recordar la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en 2009 en Ginebra (Suiza) de la OIT, que adoptó una muy relevante Declaración denominada “Pacto Mundial para el Empleo”, en la cual se explaya sobre la importancia de la crisis para el mundo del trabajo y avanza sobre algunos lineamientos de salida a esta.
En ese sentido, expresa textualmente que la salida a la crisis “debería favorecer una globalización más justa, una economía más respetuosa del medio ambiente y un desarrollo más eficiente en lo que atañe a la creación de empleos y empresas sostenibles, el respeto de los derechos de los trabajadores, la promoción de la igualdad de género, la protección de las personas vulnerables, la ayuda a los países para que proporcionen servicios públicos de calidad y su capacitación para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.
El empleo figura entre los temas de mayor jerarquía para las políticas a implementar por los países, debiéndose dedicar una “atención prioritaria a la protección y el aumento del empleo por medio de empresas sostenibles y servicios públicos de calidad”, promoviendo el aumento del “apoyo a las personas vulneradas que han sido duramente golpeadas por la crisis, como los jóvenes en situación de riesgo, los trabajadores que perciben bajos ingresos y los trabajadores migrantes”. Agrega en relación al empleo que las medidas han de centrarse prioritariamente en el mantenimiento del empleo y la facilitación o fortalecimiento de servicios públicos de empleo eficaces y otras instituciones del mercado del trabajo.
Mientras tanto que podemos decir que sucedió en Uruguay, por un lado los impactos de la crisis global fueron menores a los proyectados por los analistas en general, esto creemos que responde a la buena política macroeconómica que ha desarrollado el país entre los años 2005 – 2015, la cual ha proporcionado estabilidad financiara a partir de la generación de confianza en los mercados económicos internacionales, seguridad jurídica en el sistema bancario, equilibrio fiscal, política cambiaria estable, políticas sociales marcadas por una fuerte inversión social focalizada, etcétera. Pero ¿cómo ha impactado en el sector productivo esta
crisis del primer mundo, particularmente en el empleo? Algunos
sectores se han visto resentidos?. Bueno algunos sectores han resultado afectados, como en todas las crisis unos ganan y otros pierden, en los sectores perjudicados desde el Poder Ejecutivo se los apoya a través de la OPP, MEF, MIEM, MTSS y MGAP, para lo cual se han sancionado decretos y leyes, para apalear ciertas situaciones que podían generar mayor complejidad, a través de algunos instrumentos de políticas de contención, pero no ha existido una “Política de Estado” a nuestro entender en materia de “Empleo y Formación Profesional” de largo plazo durante esta administración de gobierno. Sin dejar de reconocer que el desempleo coyuntural de corto plazo ha logrado ser abatido en general, lo cual se demuestra con la última medición del INE en este sentido, que ha estimado la tasa de desocupación según el último Censo realizado en 2011 por debajo del 6,0 %, pero creemos que el problema sigue estando en el desempleo estructural es decir en el de largo plazo, la medición al cierre del tercer trimestre anual en setiembre de 2015 llegó al 8 %. Pero a esto hay que observarlo con cierta distancia para ver todo el panorama en cuestión y esto nos lleva a remontarnos un poco atrás en el tiempo. Es decir previo a que aconteciera la crisis internacional o mejor dicho a que llegara a nuestra región, y ver con que instrumentos de políticas activas de empleo y formación profesional contaba el país.
Aportes teóricos - técnicos sobre la temática:
Desde hace décadas se observan cambios en las condiciones de trabajo y en particular en las relaciones laborales debido a los procesos de flexibilización de los mercados laborales y la transformación de las calificaciones personales.
Esto determina una necesidad de los/as trabajadores/as frecuentemente y a lo largo de la vida, a someterse a nuevos aprendizajes para resolver la diversidad de inserciones laborales y ocupacionales a las que pueda enfrentarse. Esto no vale solo para las calificaciones y tareas a desempeñar, sino asimismo para la capacidad de gestionar un empleo con el fin de reubicarse en un mercado de trabajo difícil y cambiante. En estos tiempos, no basta con dominar un oficio u ocupación para ser empleable, sino que es necesario disponer de una base de conocimientos más amplios que permitan la resolución de problemas y el reaprendizaje continuo.
Esta situación obliga a considerar que, en esas transformaciones deben ser protagonistas: el Estado (a través de sus instituciones formadoras), las empresas, y los beneficiarios (la población en general, los trabajadores y sus sindicatos). El llevar adelante esos procesos de cambio exige encauzar estrategias y las lógicas de estos distintos actores en un proyecto común.
En este marco, los programas de capacitación deben tener claro no solo el contenido, sino también la población destinataria; para ello los responsables de la planificación, necesitan atender el perfil de ingreso, poblaciones que han desertado del sistema educativo o han sido excluidas del mismo por no tener este respuesta para estos individuos, personas que han adquirido determinadas habilidades en los puestos de trabajo, el vinculo con el mercado informal, etc.
La formación específica para el trabajo deberá ser impartida en estrecha colaboración con el sector productivo, con actividades de capacitación de diversos formatos en diseño curricular como en duración de acuerdo con las necesidades de las familias ocupacionales. Es necesario buscar la participación del sector productivo tanto con las posibilidades de mecanismos de alternancia o pasantías, como la utilización de su infraestructura para los cursos.
Es preciso considerar también que los perfiles profesionales cambian. Existen estudios de la OIT que indican que en los próximos quince años las tres cuartas partes de los puestos de trabajo sufrirán alteraciones que repercutirán en el conjunto de trabajadores ocupados en la empresa y con aquellos que lo estarán.
El desarrollar propuestas educativas de capacitación profesional que atiendan a las demandas de reconversión, actualización, perfeccionamiento y especialización laboral de los actuales y futuros trabajadores, parece ser una necesidad clave en un nuevo contexto de país y atender con ello, las políticas productivas establecidas.
Conceptualización de la capacitación:
La capacitación es un proceso a corto plazo en el que las personas aprenden conocimientos, habilidades y actitudes en función de objetivos definidos para puestos específicos de trabajo. Mediante ella se busca elevar los niveles de competencia de las personas para el desempeño de las labores relacionadas con el proceso de producción de determinados bienes o servicios.
El objetivo es ofrecer a los adultos un conjunto de módulos técnicos que les posibiliten ampliar y completar capacitaciones en el desarrollo de nuevas técnicas.
Sobre la modularización:
CINTERFOR – OIT señala que: “la formación modular es un sistema en que el contenido esta dividido en módulos de formación independientes entre si. Los módulos pueden combinarse para formar un programa específicamente adecuado a las necesidades del individuo, a la evolución de las técnicas, a los cambios de empleo. De esta forma, el sistema permite la continua adaptación de los programas”.
El plantear la capacitación con una estructura modular, facilita el fraccionamiento en unidades temáticas pequeñas y establece un vinculo mas estrecho con la demanda especifica de la producción. Facilita, además, que las personas puedan construir sus propios perfiles profesionales a mas largo plazo, por la adición y acumulación de procesos formativos realizados de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y recursos.
La conformación en módulos independientes como un espacio formativo de capacitación dinámico, permite variar la oferta en función de las demandas sociales y productivas. Cada módulo propuesto tendrá en cuenta los recursos existentes (humanos, de equipamiento y de espacios locativos) que disponga el centro educativo y el interés manifestado por los participantes.
Esta forma de ordenamiento curricular permite la adaptación de los distintos tipos de alumnos destinados a la formación, ya sean adultos que desean una calificación profesional o trabajadores que buscan completar su formación y obtener, de esa forma, la titulaciones que favorezca su promoción profesional.
Esa capacitación se efectuará en cada módulo: “conjunto de conocimientos básicos, conocimientos tecnológicos y prácticos ocupacionales ligados y condicionados entre sí, que posibilitan la adquisición de destrezas para saber ejecutar las operaciones correspondientes a un grupo de tareas de un módulo ocupacional. La formación profesional relativa al módulo ocupacional debe conducir al egresado a poseer las competencias profesionales que le permitan una función útil en la actividad productiva”.
Metodología sobre la capacitación técnica:
Se sugiere la conformación de equipos que trabajen los distintos contenidos en forma conjunta, rotando en su conformación de manera tal que cada participante visualice la totalidad de los contenidos establecidos en el curso.
El trabajo en equipo posibilita la construcción de un espacio de conocimiento compartido significativo entre el alumnado; favorece el desarrollo de estrategias de intervención; facilita el “aprender a aprender”. Esos equipos se conciben organizados a partir de problemas, como punto de partida y eje organizador del proceso, donde la información se transforma en conocimiento útil para la acción, a partir de las ideas que cada uno construye y elabora así, su propio recorrido personal.
Se procura con esta metodología pasar de una concepción intuitiva del docente sobre los logros en el participante, a un proceso de construcción y elaboración del conocimiento que se ha seguido y se evalúa lo que se ha aprendido, conectándolo con un nuevo tema o problema.
Educación y trabajo:
De nuestra parte utilizando como marco teórico a la experta argentina de CINTERFOR – OIT Maria Antonia Gallart, podemos reflexionar sobre la situación actual de la articulación entre la educación y el trabajo. El campo de la articulación entre la educación - formal y no formal – y el mundo del trabajo ha sido objeto en los últimos años de un renovado interés y de profundos cambios en su enfoque. Las transformaciones económicas y sociales presentan desafíos que cuestionan las formas tradicionales de encarar dicha articulación. Dos grandes temas dominan este cuestionamiento. El primero es la transformación de la organización del trabajo y de las relaciones laborales producida por la confluencia de los procesos de globalización y de cambio tecnológico, con su secuela de exigencias de competitividad para las empresas y los trabajadores. En consecuencia, los antiguos sistemas de formación para el trabajo han entrado en crisis; ellos implicaban la especialización temprana de los educandos, conocimientos técnicos limitados al oficio u ocupación, y entrenamiento en las habilidades manuales correspondientes. La flexibilización del empleo, la polivalencia de los puestos de trabajo y el requerimiento de trabajadores capaces de resolver problemas en situaciones de incertidumbre modifican las calificaciones exigidas por el mercado de trabajo; se hace imprescindible una formación que cuente con una sólida base de educación general y una capacitación específica flexible y adaptada a una demanda cambiante de las organizaciones productivas.
Las necesarias transformaciones de las instituciones educativas para identificar y adaptarse a esta nueva demanda es uno de los desafíos del momento actual.
El segundo gran tema se refiere al problema de la exclusión de la participación social. Volviendo la vista a las sociedades latinoamericanas se observa la existencia de amplios sectores de la población en condiciones de pobreza, que reproducen su situación en las nuevas generaciones.
Esto implica circuitos de exclusión, ya que frecuentemente se registra un temprano abandono de la educación formal anterior a la adquisición de las habilidades básicas de lecto-escritura y aritmética aplicada o, en el mejor de los casos, una escolaridad más prolongada pero en establecimientos que no aseguran el dominio de dichas competencias. Los jóvenes que desertan de la escuela o que esta los expulsa solo tienen acceso a los trabajos más precarios e inestables, y en épocas de alta desocupación quedan fuera del mercado laboral, constituyendo núcleos duros de desocupados.
Por lo tanto, el segundo gran desafío a la educación consiste en responder a las necesidades de formación de estos sectores, asegurándoles la ciudadanía, como participación activa y responsable en la sociedad, y brindándoles la posibilidad de integrarse y competir en un mercado de trabajo difícil.
Sin embargo, es preciso señalar que la creación de puestos de trabajo, y en general el incremento de las oportunidades de inserción laboral en ocupaciones calificantes, es condición indispensable para que la formación resulte útil para estos jóvenes. La educación sola, si no se articula con una economía próspera y participativa, no es condición suficiente para la inclusión social sino se aplica de lo contrario una transferencia gubernamental que sirva de renta mínima o básica.
El análisis de las características de los jóvenes provenientes de hogares pobres muestra que, frente a los jóvenes de hogares con cobertura de necesidades básicas, tienen una probabilidad mucho mayor de haber abandonado tempranamente la educación formal o haberse desvinculado de esta precozmente, no haber accedido a la capacitación, estar desocupados o en empleos precarios. Esto delimita una población objetivo crítica para la formación, a la que se debe atender con estrategias que incluyan la recuperación de habilidades no obtenidas en la educación formal y la capacitación para el mundo del trabajo actual.
En la región se han instrumentado múltiples programas en esta dirección, cuentan generalmente con financiamiento estatal o internacional pero son ejecutados por una variedad de entidades que incluyen ECA’s, ONG’s, centros de formación profesional de las instituciones nacionales de formación técnica, oficinas municipales, etc.
Las competencias como clave en la articulación entre la educación y el trabajo. En el concepto tradicional de la calificación, la habilidad manual, el conocimiento de las máquinas y de las reglas técnicas del manejo de materiales y procesos, y la ubicación del trabajador en la organización conformaban un espacio definido que se resumía en el tiempo de formación necesario para desempeñar una determinada ocupación y el tipo de decisiones autónomas que debía estar preparado a tomar en ella.
Estas dos dimensiones permitían ubicar las calificaciones en un continuo jerárquico que servía de base para salarios y negociaciones colectivas.
El paso de la organización del trabajo fordista a la especialización flexible; el surgimiento del sector informal con su variedad de ocupaciones, en algunos casos calificadas y semi-calificadas, con bajo encuadre organizacional; la flexibilidad laboral que promueve el desempleo alternativo de varias ocupaciones calificadas y el cambio mas frecuente de lugar de trabajo; las tecnologías microelectrónicas que exigen mayores niveles de abstracción y manejo de maquinaria muy costosas, fueron todos factores que convergieron para que cada vez un mayor número de ocupaciones y, más aún, de trayectorias ocupacionales no se adaptaran a la rigidez del encuadre anterior.
Aparece así la noción de competencia, ella resulta clave en la articulación entre educación y el mundo del trabajo al menos por dos razones. La primera es que las calificaciones son mas fácilmente evaluables y medibles y corresponden a las ocupaciones, como unidades de empleo; constituyen el objeto tradicional del análisis ocupacional.
Las competencias incluyen conocimientos más amplios, capacidad de análisis y resolución de problemas concretos y toma de decisiones en contexto de incertidumbre; el sujeto de las competencias es la persona, no el puesto de trabajo. Sumado esto al hecho de ser más flexibles que las calificaciones, los individuos pueden pasar de un puesto a otro, cambiar la ocupación y seguir utilizando las competencias aprendidas. Lo anterior dificulta la evaluación y acreditación de las competencias y refuerza el rol del mercado de trabajo en ello.
La segunda razón es que las competencias tienen su base en los conocimientos, procedimientos y actitudes adquiridos en la educación formal, pero se desarrollan a lo largo de la vida, incorporando el aprendizaje en el trabajo real y la educación no formal.
Por lo tanto, los cambios acaecidos en el transcurso de la existencia de los trabajadores, tanto en el sistema educativo y de formación como en el sistema productivo, influyen en el acervo de competencias de una población dada.
El concepto de competencia, entonces, está asentado a la vez en el análisis de la organización del trabajo y en un replanteo de la formación que articula la educación general y la especializada, la capacitación técnica y, fundamentalmente, el aprendizaje de la capacidad para resolver problemas no previstos en situación de trabajo.
La formación profesional:
La formación de trabajadores desde hace cerca de medio siglo es uno de los temas obligados en las políticas de desarrollo de los países en Latinoamérica. En la actual coyuntura, al igual que hace cincuenta años, nadie puede negar la importancia del tema para la productividad nacional y la competitividad en los mercados cada vez más globales e integrados.
Sin embargo, los rápidos cambios en el contenido del trabajo, la nueva configuración laboral de la producción y los servicios y la avasalladora irrupción del cambio de base tecnológica en los empleos, generan una serie de retos y problemas a resolver. Indudablemente, también se están delineando algunas opciones de respuesta ante las perspectivas de desarrollo.
La institucionalidad de la formación profesional ha cambiado y está cambiando rápidamente, la irrupción de nuevos actores en el mercado de la formación y las nuevas características que esta adquiere se han derivado de un hilo conductor: el cambio.
Debido a esto, se describirán inicialmente las características de tales cambios y luego los retos y desafíos que plantean; finalmente, las perspectivas que están delineándose.
La globalización ha ocasionado que cualquier evento, sin importar el lugar de la tierra en el que se presente, tenga repercusiones casi inmediatas en todo el mundo. Los acontecimientos económicos, políticos y sociales se asemejan cada vez más a la “Aldea Global” de McLuhan.
Son progresivamente más tenues las diferencias en la estructura económica; se difunde rápidamente la información, se eliminan las barreras proteccionistas y aparecen categorías de “clase mundial”.
Los países han reconstruido el paradigma de sus formas de relacionamiento y se asiste a una mayor integración en lo económico que contrasta con la dispersión geográfica propia de la nueva forma de producir.
Se ha configurado una nueva división internacional del trabajo. El capital también se ha globalizado, de forma que se han localizado en sitios diferentes las actividades de investigación y desarrollo, diseño y fabricación. Los productos ya no tienen identidad nacional, la identidad de marca se ha transnacionalizado.
La globalización se sustenta en información y la información en educación. El conocimiento es el sustento para la información de modo que se ha convertido junto con esta, en la base para la generación de riqueza y prosperidad.
Son tan cortas las olas de cambio tecnológico que no parece aplicable el concepto de revolución entre una y otra nueva oleada.
La revolución tecnológica llegó para quedarse; así, revolución pierde peso como concepto para describir la conmoción generada sobre una estructura en reposo.
No obstante, el factor común en esta etapa de la evolución tecnológica se centra en la información. Si se trata de caracterizar la gran oleada de cambios recientes, se encontrará que están asociados en buena medida con el insospechado avance de las tecnologías de manejo, procesamiento, acceso y distribución de información.
No han pasado aún 60 años después de la irrupción del computador y se afirma ya que en materia de información se avanzó más en los años transcurridos luego de la segunda guerra mundial, que en toda la evolución humana desde el paleolítico hasta la fecha.
Las tecnologías de la información están irrumpiendo en todos los ámbitos de la vida del hombre. Por supuesto, lo hicieron en la forma como se organiza la producción y el resultado se ha visto en la implementación de técnicas de producir más flexibles, cortos ciclos de vida en los productos, rápida obsolescencia de los mismos, mayor reconocimiento del valor de la calidad y una ampliación de las actividades asociadas con los servicios, ante la simplificación de las tareas de producción.
Se ha registrado también una mayor orientación hacia la satisfacción de necesidades de los clientes. Las empresas, núcleo de las ventajas competitivas y en muchos casos transnacionalizadas, han tendido a maximizar la satisfacción de las necesidades de los consumidores; el acortamiento tecnológico de las diferencias entre productos ha tendido a ser reemplazado por una mayor diferenciación en servicio, calidad y accesibilidad.
Ineludible ha sido para las empresas el efecto de las transformaciones en la tecnología. Los procesos productivos y la forma de concebir la arquitectura organizacional han favorecido el acortamiento de distancias entre los que piensan y los que hacen al punto en que se han transferido muchas funciones de los niveles altos a los niveles operativos.
En el medio, aquellos cuyas funciones se resumían en servir de puente entre la base y la alta gerencia, usualmente movilizando información hacia arriba sobre resultados y hacia abajo sobre decisiones e instrucciones, son irremediablemente desplazados por la mayor facilidad de comunicación y por la nueva organización del trabajo.
Los grupos de alto rendimiento son capaces ahora de fijarse metas y objetivos, de promover sugerencias y de resolver problemas con más rapidez de la que tendría el tradicional flujo burocrático.
Así, el tradicional esquema piramidal de las estructuras organizacionales amplía su base y reduce su cintura. El achatamiento resultante muestra grupos de trabajadores con más participación, un mayor nivel de consulta e interacciones y conduce a la disminución definitiva de la intermediación propia de los mandos medios.
El contenido de los trabajos también ha registrado significativas transformaciones. El restringido concepto de puesto de trabajo ha dado paso al más amplio y expresivo concepto de área ocupacional. Estas ya no se corresponden con un grupo de tareas aglomeradas en operaciones y en funciones; son conjuntos más abiertos en los que convergen los conocimientos básicos de un área con la característica de poder ser transferidos en el ejercicio de varios empleos.
El paso del puesto de trabajo al área ocupacional bien puede representar el paso del concepto de trabajador al de individuo participante. La organización de los empleos vuelve a tener un peso social elevado, se trabaja en grupos, se aporta en equipo.
Las conductas de socialización se reivindican y el aislamiento paradójico propio de los modelos fordistas se supera. El trabajo así visto cambia de la orientación al esfuerzo por la orientación al cerebro. La empresa empieza a fomentar un alto contenido de relaciones sociales y las necesidades para los trabajadores se cualifican.
Estas acercan cada vez más la vida del trabajador a la vida del ciudadano. En este sentido se registra definitivamente una revalorización del talento humano.
El concepto de empleabilidad se ha ligado a la facilidad para ubicar y permanecer empleado; por supuesto no necesariamente en el mismo empleo.
Esta característica necesaria en cualquier trabajador, se puede mejorar notablemente a partir de la formación profesional, sobre todo si esta responde a amplios espectros de contenidos básicos y no a puestos de trabajo restringidos.
Para lograrlo, los programas formativos deben ahora fomentar el desarrollo de nuevas competencias que faciliten moverse entre diferentes empleos.
Se ha empezado a delinear el concepto de competencias clave o competencias transferibles, como aquellas que facilitan un desempeño eficaz y tienen la característica de aplicarse en diferentes áreas ocupacionales.
Algunas de ellas son:
-Competencias vinculadas con el pensar: Lectura, Escritura, Matemáticas.
-Habilidades para prevenir y resolver problemas y tomar decisiones.
-Flexibilidad mental, pensamiento reflexivo, sentido de anticipación.
-Actitudes creativas y proactivas:
-Formación de base amplia (Física, Química, Matemáticas, Ética) .
-Capacidad de comunicarse, negociar, conciliar puntos de vista, saber escuchar.
-Autoestima, búsqueda de desafíos, trabajo en grupo.
En esta línea, la formación profesional de los trabajadores de una región o país, pasa a ser un elemento estratégico de posicionamiento ante el mundo. Desde el Siglo de las Luces hasta la fecha, vivimos en el mundo del conocimiento científico por excelencia; el saber pasa a ser un elemento de competitividad de los países en un mundo globalizado.
La competencia en un mercado global exige a la fuerza de trabajo, capacidad de adaptación a los vertiginosos cambios tecnológicos, y mayor conocimiento técnico.
La intelectualización del trabajo es un proceso que aparece como irreversible y exige a los países, generar una oferta formativa adecuada.
En esta línea, las principales debilidades detectadas en la región son los niveles de desigualdad en términos de distribución de la riqueza, acceso a la educación formal, acceso al empleo, cobertura de la seguridad social, etc.
Tampoco existe uniformidad entre los países de la región en cuanto a sus mercados de trabajo, niveles de educación formal exigidos; ciclos formativos existentes, demandas del mercado de trabajo, calificaciones de la fuerza de trabajo, políticas específicas con el objetivo de atender a grupos vulnerables o con dificultad de inserción, formación técnica de los actores locales y nacionales, infraestructura, desarrollo tecnológico, crecimiento de la economía y áreas estratégicas de la economía de cada país.
Descripción y análisis de lo instrumentado en Uruguay:
Por Ley Nº 18406 del 23 de octubre de 2008 se creó un organismo paraestatal denominado Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), sucesor de la ex Junta Nacional de Empleo (JUNAE) que fungía en la órbita de la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), constituyendo lo que se conoció en general como sistema DINAE-JUNAE creados en el año 1992. Porqué mencionamos esto, pues uno de los Decretos que promulgó el Poder Ejecutivo en la búsqueda de crear soluciones a los impactos de la crisis en el empleo pasa por el novel INEFOP y la posibilidad de brindar cursos de formación profesional a trabajadores que fueran enviados al seguro por desempleo o que ingresaran en regímenes de reducción horaria semanal por baja actividad.
Por lo tanto, que nos deja a nuestro entender la creación de este nuevo organismo, es decir el INEFOP, en principio algo positivo que fue dar un marco legal e institucional definitivo a lo que había sido hasta ahora la JUNAE creada por el Articulo Nº 323 de la Ley Nº 16.320 del 01/12/1992, órgano tripartito de importante actividad, que muchos juristas advirtieron que era una especie de híbrido jurídico, lo cual había generado dificultades en su funcionamiento históricamente. Debemos sin embargo expresar que la creación del INEFOP a nuestro entender deja algo negativo, tal vez lo más importante desde una visión integral de la temática, y es que el gobierno se perdió la oportunidad de haber aprobado una ley general marco de “Promoción del Empleo y Formación Profesional”, que creara lo que a nuestro entender debería consistir en un “Sistema Nacional de Empleo y Formación Profesional”, que debería contemplar dentro de su estructura como parte fundamental a la DINAE del MTSS, la cual necesita una profunda reestructura en sus cometidos y funcionamiento. Pero además debería incluir al recientemente ya creado INEFOP indudablemente, el cual debería haber abierto una nueva etapa en lo que a formación profesional e inserción laboral refiere, cosa que lamentablemente no hizo, iniciando por evaluar seriamente de forma interna y externa los resultados de esas experiencias de muchos años, y sistematizando la actividad acumulada de todos sus Programas Descentralizados. Utilizando esto como insumo para volver a crear programas nuevos y actualizados a los tiempos que vivimos y no solo centralizando los ya existentes, cuando hacemos referencia a estos programas los cuales funcionaban en convenio con otras instituciones públicas y privadas, y que están a cargo cada uno, de una Unidad Coordinadora de Programa (UCP), financiados por los recursos que provienen del Fondo de Reconversión Laboral (FRL) al cual aportan trabajadores y empleadores, ya que la ex JUNAE dentro de sus cometidos tenia la administración del FRL que ahora pasó a manos del INEFOP. Estos programas descentralizados son PROJOVEN dedicado a atender la población joven que funciona en acuerdo con el Instituto Nacional de la Juventud (INJU) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) -cabe agregar que el INJU también desarrolla por su parte acciones relacionadas a la orientación e inserción de los jóvenes en el mercado laboral en acuerdo con el Servicio de Orientación Vocacional y Ocupacional (SOVO) de la Facultad de Psicología de la UdelaR y también lo hace desde otros programas el propio MIDES en el marco del Plan de Equidad-; PROCLADIS dedicado a atender la población discapacitada que funciona en acuerdo con la Asociación Cristiana de Jóvenes (ASJ) que es una asociación civil; Programa de Capacitación Laboral para los Trabajadores Rurales dedicado a atender esta población objetivo que funciona en acuerdo con el Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR) que es un organismo paraestatal; PROIMUJER dedicado a atender la población femenina más vulnerable que inició su funcionamiento en acuerdo con la Oficina Internacional del Trabajo (OIT); EMPRENDE y FOMYPES que se dedican a sectores emprendedores y micro-emprendimientos, y que en principio funcionaban en acuerdo con la Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL) que es una universidad privada. Además del Programa para Trabajadores en Seguro por Desempleo (TSD). Básicamente todos estos programas canalizan sus cursos de capacitación profesional e inserción laboral a través de licitaciones entre Entidades de Capacitación (ECA’s) que son diversos tipos de entidades que se dedican a esta actividad y que previamente deben cumplir una serie de requisitos como inscribirse en un Registro que lleva el MTSS de este tipo de entidades, incluso existe una asociación de estas ECA’s denominada justamente ADECA. Pero también indiscutiblemente debe formar parte de este “Sistema Nacional de Empleo y Formación Profesional” el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) es decir la ex Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), pionera de la formación profesional en nuestro país desde hace mas de un siglo y que implementa desde hace décadas Planes de Formación Profesional Básica, también algunos proyectos exitosos como la División de Apoyo al Desarrollo Profesional (DADE), la Junta de Reconversión Laboral (JRL), y otros que en sus génesis prometían mucho mas de lo que realmente han dado como la Unidad de Apoyo al Estudiante y al Egresados (UAE), la Unidad de Tecnologías e Innovación (UTI), la Unidad de Acreditación de Saberes (UAS), la Unidad de Alfabetización Laboral (UAL), la Unidad de Capacitación, etc, además de programas mas ambiciosos como el PAOF (Programa de Artes y Oficios) con el apoyo de la Unión Europea. Increíblemente el CETP (ex UTU) está registrado como la ECA Nº 1 en el RUECA del MTSS.
Pero también a otros organismos paraestatales como el Consejo de Capacitación Profesional (COCAP) que está integrado por la el CETP-ANEP que lo preside, el MEC y el MTSS, a partir de la necesaria sanción por parte de esta administración de la Ley Nº 18.133 del 16/05/07 que modificó el Decreto-Ley Nº 14.869 del 23/02/79 que lo creó durante el quebranto institucional, procurando así dotarlo de mas autonomía y ejecutividad, cosa que no se logró y es muy preocupante que el mismo ya no integra la red de instituciones de formación profesional de CINTERFOR. El cual también increíblemente está registrado como la ECA Nº 2 en el RUECA del MTSS. Es importante tener en cuenta que el COCAP instrumentó el componente de capacitación laboral del Programa “Objetivo Empleo” del MTSS sub-componente del Programa Pro-Trabajo, el otro sub-componente es el Programa “Uruguay Trabaja” a cargo del MIDES. Para no perder las experiencias acumuladas por muchas instituciones y programas que se han llevado adelante, para lo cual debemos recordar también la experiencia generada en su momento por la ANEP con lo que significó el Sistema Nacional de Formación Dual (SINAFOD) que se llevó adelante con el apoyo de la GTZ (Agencia Alemana de Cooperación Técnica), posteriormente devenido en el Programa Nacional de Formación Dual (PRONAFOD).
Incorporando también al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que ahora integra el Consejo Directivo del INEFOP y que desarrolla sus propias acciones relacionadas al mundo del trabajo a través de la Dirección de Educación – Área de Educación No Formal y dentro de esta el Programa Nacional de Educación y Trabajo (PNET) creado por el Articulo Nº 232 de la Ley Nº 17.930 que coordina básicamente a los denominados actualmente CECAP’s (Centros Educativos de Capacitación y Producción), debemos tener en cuenta que el primer Centro de Capacitación y Producción (CECAP) fue creado durante el quiebre institucional en el año 1981 por la Resolución 316/81 del MEC, y el Programa Aprender Siempre (PAS), ambos programas ahora funcionan dentro de un nuevo órgano creado en el MEC que se denomina CONENFOR (Consejo Nacional de Educación No Formal). Asimismo este “Sistema Nacional de Empleo y Formación Profesional” que proponemos debería articularse y coordinarse acciones e iniciativas que se llevan adelante también desde los gobiernos departamentales y locales, generando un marco institucional que permita la gobernanza de las políticas activas de empleo y formación profesional en los tres niveles de gobierno actual.
Recordemos algunas bien importantes como las que desarrolló la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) en el marco del Programa de Apoyo Integral de los Sectores Sociales más Necesitados de la Periferia Urbana de Montevideo (PAPPUM) que ejecutó el MEC con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE) y que puso en marcha los denominados CEDEL’s (Centros de Desarrollo Económico Local) uno ubicado en Carrasco Norte y otro en Unidad Casavalle. Además parecería una obviedad pero es imposible desconocer el rol activo que juega en estos temas el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), sobre todo a través de algunos de sus programas como han sido “Trabajo por Uruguay” y “Uruguay Trabaja”, lo cual lo hace otro actor imprescindible a la hora de pensar en quienes deberían ser parte de un posible “Sistema Nacional de Empleo y Formación Profesional”. Asimismo es claro que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) debería ser otro de los organismos que deberían integrar un sistema de estas características, en especial por llevar adelante programas como “Uruguay Integra”, “Programa de Apoyo a los Conglomerados”, “Programa de Microfinanzas”, además es el organismo que canaliza centralmente los fondos de la cooperación internacional que podrían destinarse a estos temas. Ya que además en los hechos la OPP terminó ocupando la Dirección General del INEFOP en lugar de la DINAE-MTSS a pesar de lo que estipulaba la ley de creación de este.
Además creemos indispensable invitar a la Universidad de la República a participar del mismo, pues el aporte de esta es sumamente valioso y relevante para no tenerlo de forma permanente, ya que otros de los grandes problemas del Uruguay es la carencia de una política de Estado en materia de Programas de Orientación Vocacional – Ocupacional como funciona en todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Asimismo esta ley general marco de “Promoción del Empleo y Formación Profesional” debería redefinir las competencias de la Dirección Nacional de Empleo del MTSS creada en 1992 y su relación con el INEFOP, pues integra su Consejo Directivo y además lo preside. Además quedan pendientes temas muy complejos y que se continúan institucionalizando sin la previa y necesaria evaluación, como lo es el rol de los denominados Comités Departamentales de Empleo y Formación Profesional y los Comités Locales Tripartitos de Empleo y Formación Profesional, antes denominados Comités Locales Asesores sobre Empleo (CLAE), y la relación de estos ámbitos considerados hasta ahora de tipo “político” en sentido amplio, para la instrumentación de políticas locales de empleo con los denominados Centros Públicos de Empleo (CePE’s) órganos locales del Servicio Público de Empleo (SPE), que en su momento trataron de ser presentados como el ámbito “técnico” que ejecutaría las políticas definidas en el CLAE (que lo integra la oficina departamental de la DINAE-MTSS, los trabajadores, los empleadores y el Municipio en cuestión), en una estrategia de desarrollo local importada de Europa a través de programas de cooperación internacional que no dieron frutos demasiado exitosos hasta el momento, articulándose la puesta en funcionamiento de los CePE’s por convenios que deben suscribir las Intendencias Departamentales con la DINAE-MTSS. Aunque en los hechos esta vinculación no siempre ha existido entre el CLAE y el CePE, no siempre ha sido buena y en muchos casos ni siquiera ha existido alguno de estos dos órganos e incluso en algún departamento no existe ninguno de los dos órganos en cuestión.
En síntesis mucho tenemos para aportar a esta temática, la cual nos es de sumo interés, ya que consideramos que somos profesionales idóneos con capacidad de aporte y reflexión en lo que respecta al tema “empleo y formación profesional”, aunque en nuestro país el MTSS no ha logrado identificar a los técnicos más idóneos para el trabajo en estas áreas y sigue siendo reticente a reconocer a los “Técnicos en Relaciones Laborales egresados de la UdelaR”, como profesionales particularmente formados para la intervención en estas temáticas.
Consideraciones Finales:
En resumen nos parece fundamental para apalear cualquier crisis en el empleo y para generar más empleos dignos y preservar la mayor cantidad de trabajos decentes, la creación por ley de un “Sistema Nacional de Empleo y Formación Profesional”. Evaluar los actuales cometidos y estructura de la DINAE y del INEFOP para modificarlos y actualizarlos a los tiempos que vivimos incorporando nuevos técnicos con una mirada mas antropocéntrica sobre el trabajo. Evaluar los programas centralizados generando nuevos instrumentos que no sean meros adjudicadores de cursos a ECA’s, sino programas capaces de articular con otros organismos públicos y privados interrelacionado con la sociedad en cada territorio. Contando para esto con el apoyo científico de la UdelaR, generar políticas activas de formación profesional e inserción laboral, creemos que llegó el momento que los programas de formación profesional e inserción laboral sean discutidos en este Sistema Nacional que proponemos de nuevo con otra modalidad y otros actores, por ejemplo, que un Programa para los Jóvenes sea trabajado y articulado con el INJU y que aquí se discuta con las organizaciones de jóvenes las necesidades reales de estos y que de ahí salga una única línea de trabajo; lo mismo podríamos sugerir de un Programa para Mujeres que sea articulado con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) del MIDES y que aquí se discuta con las organizaciones de mujeres las necesidades reales de estas, lo mismo podríamos sugerir de un Programa para Discapacitados articulado con la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad y que aquí se discuta con las organizaciones de discapacitados las necesidades reales de estos, Programas de fomento del emprendedurismo y apoyo a microemprendimientos articulado con la DINAPYME del MIEM y las organizaciones no gubernamentales con larga trayectoria en estos temas y con exitosas experiencias en estas temáticas, etcétera.
Por último, lo más importante aquí es entender que llegó el momento de articular y coordinar realmente y seriamente programas y proyectos, no se pueden dilapidar más recursos, ni seguir apoyando iniciativas muy costosas que se intentan traspolar de otros países sin entender que si no se adaptan a nuestras necesidades reales, no logran formar a nadie en nada, o generan puestos de trabajo con condiciones indecorosas en los cuales no es necesario la existencia de ningún programa para facilitar a las personas acceder a ese tipo de empleo. Debemos tener como premisa que la educación para el trabajo es fundamental en una sociedad que pretenda progresar, que la formación profesional es un elemento esencial en el desarrollo de mayores y mejores puestos de trabajo, apostar al incremento del capital humano, que es hora de ratificar el Convenio Internacional de Trabajo Nº 142 de la OIT y reglamentarlo, lo cual es un debe para nuestro país. Nadie duda de los grandes avances que han existido en algunas áreas como la educación no formal, a partir de la aprobación de la Ley de Educación Nº 18.437 que la reconoció y que creó el Consejo Nacional de Educación No Formal (CONENFOR).
Pero mucho falta por hacer, se ha comenzado a trabajar en la línea de la acreditación de saberes, pero debe profundizarse en el tema formación profesional, a través del diálogo social tripartito especialmente, pero también permitiendo la participación de la academia, de las ONG’s, de los colegios de profesionales y técnicos en estas áreas. Pues debemos poner sobre la mesa ciertos temas que son inminente acordar una definición común, especialmente desde el marco teórico, es decir ponernos de acuerdo en nuestro país en que entendemos por formación profesional, que entendemos por educación para el trabajo, pensar en lo que significa la empleabilidad versus la polivalencia, la certificación de competencias, formación dual y formación en alternancia. Sin dudas el siglo XXI se caracteriza por la falta de estabilidad y seguridad, este es el paradigma que cambió en la sociedad actual que nos tocó vivir, ya no hay puesto de trabajo para toda la vida, ya no hay oficio para toda la vida, ya no hay formación válida para toda la vida, ya no hay modelo familiar para toda la vida, para bien o para mal, vivimos en una sociedad de cambios permanentes que nos obliga a cambiar con ella, nos guste o no. Y a su vez la sociedad cambia por nuestros cambios, todo es inestable y variable, para esto debemos estar preparados y comprender que todo lo que somos, es lo que nosotros mismos hemos generado, debemos apostar a la educación y al trabajo, en un modelo de desarrollo sustentable, ya que sin industrialización no hay desarrollo, pero este debe ser a través de la producción limpia que preserve las riquezas naturales y limite la contaminación, el efecto invernadero y por ende el cambio climático, cumpliendo con el Protocolo de Kioto. Si no entendemos que el empleo, la energía y la ecología son en la actualidad un triángulo virtuoso al cual debemos perfeccionar en su equilibrio, estaremos en dificultades mayores a las que afronta actualmente la humanidad, que cada vez empeora la calidad de vida de los más desfavorecidos en todas partes de este mundo globalizado, el cual solo podemos entender y mejorar en clave de integración regional, respetando los derechos humanos, transversalizando la mirada de género en las políticas públicas y apostando al desarrollo sustentable.
Todo lo expuesto deja en claro que uno de los mayores problemas del Uruguay es confundir la idea de crear instituciones es crear institucionalidad, nada mas lejos, lo único que logramos es superponer órganos y mal gastar los importantes presupuestos públicos, nuestro país está en una amplia lista de países emergentes que no han logrado definir y acordar un modelo de desarrollo nacional productivo integral, hay incapacidad de construir políticas publicas activas de largo plazo, estos problemas tienen que ver con el diseño institucional y el modelo de gestión de la administración de gobierno. Además de otros problemas estructurales con respecto a este tema puntual que demuestran la incapacidad en lograr poder llegar a una idea común sobre este tema, en nuestro país nadie sabe concretamente que es la Formación Profesional y su vinculación con el Mundo del Trabajo, lo que es la Educación para el Trabajo. Somos incapaces de aplicar modelos eficientes como en los países del G8 o G20 miembros de la OCDE como Alemania o Canadá que han logrado grandes éxitos implementando desde hace años sistemas como la Formación Dual bajo la consigna de “aprender haciendo”, la sinergia que genera lograr compatibilizar los conocimientos adquiridos en el aula y su aplicación práctica en el lugar de trabajo, así se logra relacionar el mundo académico y el mundo empresarial, así se logra generar innovación y aplicarlo al desarrollo productivo, sino es un solo ensayo teórico sin rumbo alguno. El problema de este enfoque es tener que ceder las chacras de poder que en nuestro país se anteponen a cualquier interés general.
Bibliografía:
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- Arnold, Rolf, Autor, “Formación Profesional”, Montevideo, 02/2002, Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional (CINTERFOR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- Simatovich, Nelson, Compilador y Autor del Articulo “Derecho al Empleo, Educación y Trabajo en el Uruguay”, publicado en Anuario Nº 7 “Administración de Justicia” del Área Socio - Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Montevideo, 08/2013, Fundación de Cultura Universitaria (FCU)
- Simatovich, Nelson, Compilador y Autor del Articulo “Análisis sobre la experiencia de un programa de formación profesional e inserción laboral, en el ámbito de un proceso de integración regional, como instrumento de regulación de las migraciones laborales”, publicado en Anuario Nº 6 “Aportes para la consolidación de un área interdisciplinaria” del Área Socio - Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Montevideo, 09/2012, Fundación de Cultura Universitaria (FCU).
- Simatovich, Nelson, Compilador y Autor del Articulo “Género y Trabajo”, publicado en Anuario Nº 5 “Estado, Derecho y Sociedad” del Área Socio - Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Montevideo, 05/2011, Fundación de Cultura Universitaria (FCU).
- Simatovich, Nelson, Coordinador y Autor del Articulo “Algunos aspectos sobre la institucionalidad en referencia a la temática de la erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente”, publicado en “Informe Final del Proyecto: Observatorio Laboral", CERLU / RRLL – UdelaR / CURE / Centro Servizi del Proyecto Regional ITES de la Agencia Técnica Italia Lavoro, Montevideo, 04/2011, Editorial Ideas - FCU.
- Simatovich, Nelson, Coordinador y Autor del Articulo ““La crisis internacional debe impulsarnos a crear un Sistema Nacional de Empleo y Formación Profesional”, publicado en “Informe Final del Proyecto CERLU / RRLL – UdelaR / Oficina Regional para el Cono Sur de América de la ONUDI y Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI): Grupo de Seguimiento y Análisis para la evaluación de los impactos de la crisis económica global en las políticas industriales y en las relaciones laborales en el Uruguay", Montevideo, 04/2010, Editorial Ideas - FCU.
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